Pronunciamiento público y denuncia.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC como Autoridad Tradicional integrada por los 10 pueblos indígenas,  127 autoridades tradicionales indígenas, diez (10) zonas y once (11) asociaciones de cabildos indígenas que hacen parte de la estructura política organizativa, mediante Junta Directiva extraordinaria realizada el día 01 de mayo de 2021, en apoyo, nos unimos a la convocatoria del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, por los diferentes sectores sociales, gremiales, estudiantiles, obreros, transportadores y otros sectores.

Mediante dicha junta directiva las Autoridades Indígenas orientan conjuntamente apoyar y fortalecer la “Minga hacia afuera” en el marco del Paro Nacional en diferentes regiones del país,  en  rechazo a  los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, las políticas en detrimento de derechos de los pueblos indígenas y las problemáticas de orden estructural que han afectado por décadas a la sociedad colombiana, las fumigaciones en los territorios con glifosato, la reforma tributaria, reforma a la salud, la  reforma laboral y pensional, la no reglamentación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, el incremento de la pobreza en la población colombiana y el mal manejo de los recursos en la pandemia del COVID -19, y la no implementación de los Acuerdos de Paz, implementación de políticas extractivas en detrimento de los espacios de vida.

La Minga Nacional ha desarrollado diferentes acompañamientos para fortalecer las diversas formas de protesta social y manifestación ciudadana como resultado de la inconformidad de las políticas actuales del Gobierno, por lo que la Minga Nacional liderada por el CRIC hace presencia en la ciudad de Cali, las diferentes zonas y pueblos filiales al CRIC en conjunto con otras organizaciones indígenas y étnicas del suroccidente colombiano.

A pesar que el Paro Nacional ha sido convocado y desarrollado de forma pacífica por parte de los protestantes, el Gobierno ha realizado acciones tendientes a deslegitimar, estigmatizar y discriminar la protesta social y la Minga Nacional; llegando a señalar la minga de ser infiltrada por organizaciones que pertenecen a un actor armado como el Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de la desmovilizada Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, declarando la existencia de un terrorismo de baja intensidad e implementando una medida de asistencia militar que terminó en el uso desbordado de la fuerza y el tratamiento de guerra a los manifestantes y a la sociedad en general, traslado de fuerzas militares y policiales, sobrevuelos permanentes de helicópteros y aviones de guerra, tanquetas que han disparado a las casas y unidades en los barrios residenciales, respuestas con armas de fuego a los manifestantes, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, personas desaparecidas, implementación de estrategias de sicariato por parte de las fuerzas armadas e infiltración de miembros activos de la fuerza pública, que ha dejado como consecuencia los siguientes hechos violentos contra la protesta social y la Minga Nacional:

  • Treinta y un (31) asesinatos, mil doscientos veinte (1220) lesionados personales, dieciocho (18) lesiones oculares, nueve (9) hechos de violencia sexual, y ochenta y siete (87) desapariciones forzados a nivel nacional, según datos reportados por INDEPAZ, desde el pasado 28 de abril al 4 de mayo de 2021, en el marco del Paro Nacional.

– Que el día 06 de mayo de 2021, la Guardia Indígena en el marco del ejercicio de control y defensa de la protesta social y la Minga Nacional, por infiltración al paro nacional en el sector La Luna, de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), del señor JOSE RICARDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.295.778, de 38 años de edad, como presunto miembro activo de la Policía Nacional de Colombia. Donde se realizó la respectiva Custodia Humanitaria Territorial con el propósito de salvaguardar la integridad y bienestar del presunto miembro, y de esa manera proceder posteriormente en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena -JEI la entrega a las entidades de Derechos Humanos garantes para que realicen los procesos que correspondan ante autoridad nacional competente para la respectiva investigación, juzgamiento y sanción; con acompañamiento de los órganos garantes nacionales e internacionales de los derechos humanos y las autoridades tradicionales indígenas. Cabe resaltar que con estos hechos de infiltración se evidencia la política del Gobierno que busca deslegitimar, la movilización social a través de hechos de vandalismo, terrorismo y zozobra en la ciudadanía para justificar el trato militar a la población civil.

– Los anteriores hechos violentos contra la Protesta Social y la Minga Nacional Indígena vulnera grave y sistemáticamente el Derecho Internacional de Los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas, el derecho fundamental de la protesta, a la vida, la democracia y  la paz; desconociendo la guía sobre los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones del estado establecido por la Comisión IDH que señala: “Dado el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la Comisión considera que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas.”

Como consecuencia de los anteriores hechos, las autoridades tradicionales indígenas;

RECHAZAMOS

Todas las políticas y las acciones contra la democracia, realizadas por el Gobierno Nacional para estigmatizar, atentar y deslegitimar toda forma de protesta y movilización social en el marco del Paro Nacional, donde convergen diversos sectores sociales y organizaciones indígenas y étnicas en todo el ámbito nacional.  Así como los señalamientos en contra de la minga para dar tratamiento de guerra a los manifestantes y a la sociedad en general, el uso desbordado de la fuerza, la represión y vulneración masiva de los derechos humanos, lo cual tiende agravar por el marcado carácter de hostilidad e incitación al odio y la violencia perpetrado por el gobierno contra la protesta; por la falta de espacios y garantías para el dialogo  con participación social en lo económico,  lo político y  lo ambiental de todos los actores y procesos organizativos, populares, estudiantiles y gremiales del país; implementación de medidas arbitrarios y contrarias a los derechos humanos; omitir y desentender múltiples denuncias y llamados de organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos como la ONU, MAPP OEA,  así como la Unión Europea. entre otros: la posible declaratoria del Estado de Conmoción Interior por parte del gobierno que lleva a la limitación total de los derechos fundamentales, las libertades públicas, la protesta y la minga social propios de un Estado Social de Derecho.

Así mismo, rechazamos las declaraciones de las altas cortes de la rama judicial el día 6 de mayo de 2021 donde respaldan el orden institucional y las medidas adoptadas por el gobierno nacional, desconociendo las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional y omitiendo el deber constitucional de guardar independencia y salvaguarda de los derechos constitucionales.

SOLICITAMOS

A la comunidad Nacional e Internacional garantes de los Derechos Humanos para qué se active un mecanismo  humanitario de carácter urgente e inmediato que  garantice los derechos que están siendo vulnerados de los sectores sociales, sindicales, estudiantiles, populares, campesino y  grupos étnicos, llamando al Estado Colombiano a frenar las acciones criminales por parte de las FFAA;  a que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes que permitan determinar la responsabilidad de las personas; y a su vez se garantice el acceso a la justicia  de las víctimas y sus familias logrando la reparación individual y colectiva.

Iniciar una investigación eficaz por parte de las entidades competentes al presunto miembro de la policía nacional que se encuentra en custodia humanitaria territorial de las autoridades indígenas que hacen parte de la Minga Nacional para con esto establecer su responsabilidad penal y disciplinaria al poner en riesgo la integridad de la ciudadanía que participa en el paro nacional.

Solicitar de manera urgente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales, presentar los datos oficiales en relación a la grave vulneración a los derechos humanos como la vida, la integridad personal, el derecho a la protesta social, víctimas de la violencia sexual y desapariciones forzadas como resultado de la represión militar y policial ordenada por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, el ministro de defensa Diego Molano, el mayor general de la policía nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, el comandante del ejército nacional Eduardo Enrique Zapatero.

Dado el día 07 de mayo de 2021 en el marco de la Minga Hacia Afuera.